La guerra civil de Yemen volvió a escalar desde el 3 de septiembre, cuando estallaron los combates más mortíferos desde el colapso de la tregua de 2022. Los hutíes, aliados de Irán, tomaron la estratégica isla de Perim y el puerto de Mocha, en su intento por controlar el estrecho de Bab el-Mandeb, ruta energética clave del mar Rojo, y declararon un bloqueo naval contra buques sauditas.
El conflicto se conecta con la guerra de mayor escala que desde febrero enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel, y que derivó en el cierre de facto del estrecho de Ormuz. Arabia Saudita, que había desviado unos 5 millones de barriles diarios por su oleoducto Este-Oeste, lo vio cerrado tras un ataque con drones. Esta semana, el vicepresidente del consejo gubernamental yemení advirtió ante la ONU que los hutíes toman “como rehén a toda la economía mundial”.
El costo humano ya es alto: más de 100,000 personas han sido desplazadas en la costa occidental y hay al menos 17 civiles muertos por ataques hutíes en zonas gubernamentales desde el 6 de agosto, según la ONU. Human Rights Watch estima que más de 22 millones de personas —casi dos tercios de la población— necesitan asistencia humanitaria, mientras la ONU pide a las partes evitar más sufrimiento al pueblo yemení.
